El catedrático de la Universidad de Salamanca fray Bernardo de Ribera fue el encargado de elaborar estos dos dictámenes a petición del Consejo de Castilla.
El primero, sobre la Sociedad de Latinidad y Elocuencia de Madrid, contiene una serie de reglas y consejos para el mejor establecimiento de dichos estudios en la Corte. El origen del expediente radica en la petición de un grupo de preceptores de latín para que el Consejo les otorgara unas ordenanzas y estatutos, lo que implicaba un reconocimiento y dignificación de su labor así como el respaldo del poder. El dictamen de Ribera fue positivo aunque con matices y sugerencias, por lo que el Consejo aprobó la creación de la Sociedad aunque posteriormente cambiaron el nombre por el de Real Academia Latina Matritense.
El caso del segundo dictamen es distinto porque se trataba de una Academia en Zaragoza de carácter privado. Un grupo de eruditos y gentes cultivadas de la ciudad aragonesa habían fundado la Academia del Buen Gusto y se reunían en casa del Conde de Fuentes desde 1757. En 1759 solicitaron la aprobación y el amparo del Rey para dejar de ser un cenáculo privado y obtener un reconocimiento público, al igual que otras muchas instituciones de este tipo que habían proliferado en Madrid y en las capitales de provincia en el siglo XVIII. Sin embargo, el negativo dictamen de Ribera frustró sus expectativas porque solo se les autorizó a seguir como organización privada.